Morir en el Golfo, es, más allá de un título literario o de una novela política, el destino fatal de indocumentados que llegan a Veracruz y caen en manos de una policía que se distingue por ser arbitraria, corrupta y criminal.
Ocurrió esta vez en el municipio de Agua Dulce. Cruzaron el río Tonalá y desde el sábado 2 de agosto sufrieron la extorsión policíaca. Entregaban lo que se les exigía para no ser detenidos y remitidos a Migración. Cuando se percataron que no habría dinero suficiente que les sirviera de salvoconducto a su sueño americano, decidieron escapar. Lo hicieron la madrugada del lunes 4 en un camión torton en el que viajaban 40 personas, conducido por los traficantes de indocumentados, los llamados polleros.
Cuando la policía de Agua Dulce se percató que no podría detenerlos, comenzó a dispararles. Mató en el acto de dos ilegales, hirió de bala a otros tres, y 37 más sufrieron los efectos del impacto al salirse de la carretera el pesado vehículo. Uno de los heridos de bala murió horas después cuando era trasladado al puerto de Veracruz. El hospital regional se llenó a su máxima capacidad con la atención de los heridos.
Si atacar de manera tan alevosa a un grupo de personas indefensas es pieza de escándalo, más lo fue la explicación temeraria, absurda e inverosímil del comandante policíaco José Atenedoro Morales Herrera, quien sostuvo que los disparos iniciales provenían del vehículo en que viajaban los ilegales. Las actuaciones judiciales han demostrado que el jefe policíaco mintió. Los impactos en las patrullas fueron obra de los mismos policías para justificar el ataque. Y más: ha quedado claro que la banda policíaca se dedica a la extorsión.
Pero hay otros elementos que ponen en claro que la seguridad pública de Agua Dulce ha estado en manos de delincuentes vestidos con uniforme policíaco. José Atenedoro Morales Herrera tenía antecedentes de extorsión a indocumentados en diversas regiones del estado de Veracruz. Sus padrinos lo enviaron a Agua Dulce, paso obligado de indocumentados, porque les representaba un negocio extraordinario. Eso lo sabían el alcalde Vicente Escalante Macario y su cuerpo edilicio, quienes a la postre son cómplices del crimen. Por eso lo dejaron escapar con una simple renuncia, en medio de un escándalo de proporciones nacionales e internacionales.
En Agua Dulce, Las Choapas, Minatitlán, Acayucan, Uxpanapa, Jesús Carranza y Coatzacoalcos es sabida la complicidad de la policía con las bandas de traficantes de indocumentados. Visitan colonias, refugios, zonas aledañas a estaciones de ferrocarril, donde los ilegales pernoctan, y de ahí obtienen recursos producto de la extorsión.
Lo ocurrido el lunes 4 evidenció la degradación de los cuerpos policíacos veracruzanos. Matan por dinero, como los sicarios y los forajidos. Pero no se trata, sin embargo, de un hallazgo inédito. Que los policías veracruzanos allanen viviendas, roben, secuestren, extorsionen o maten no es nuevo en Veracruz. Lo hacen a diario —lo han hecho por años— y no hay poder institucional que lo impida. Peor aún, sus crímenes son solapados porque representan una mina de oro, dinero que no deja huella.
Dejar caer todo el peso de la ley sobre los responsables de la masacre, sólo será creíble si se actúa contra quienes permitieron que el comandante Morales Herrera ocupara la jefatura policíaca en Agua Dulce, a sabiendas de sus antecedentes criminales. Y más: si se ejerce acción penal contra la estructura de poder —estructura eminentemente política y de alto nivel— que recibe millones de pesos a cambio de permitir que el crimen organizado infiltre los cuerpos policíacos, controle territorios y actúe de manera impune al margen de la ley.
Porque dejar intacta a la mafia política que dispone de los beneficios de la extorsión policíaca, equivale a otorgar pasaporte de impunidad a la corrupción.
Decir y no actuar es propio de la demagogia institucional.
TRAS BAMBALINAS
RECICLANDO FRAUDES.— Como una asaltabancos o asaltante de microbús, es catalogada la vicepresidenta de la empresa ERA 2000, Angélica Torres Guízar, en un correo electrónico enviado a este columnista con motivo de las denuncias por el reiterado incumplimiento del contrato de concesión para el reciclamiento de basura en Coatzacoalcos… Un funcionario de la firma East West Trading Establishment Incorporated refirió que Angélica Torres Guízar fue el puente para un contrato de vender acero usado de tren en Mar del Plata, Argentina. La vicepresidenta de Era 2000 les hizo perder dinero en efectivo “y el incumplimiento de un contrato millonario el cual dejó una serie de pérdidas y problemas a nuestra compañía”… Se dicen “víctimas de esta señora y sus engaños”. Aseguran que “sus víctimas son extranjeros que confían en una todavía economía en México y aun así arriesgan sus fondos para venirse a encontrar con una asaltante de cuello muy blanco y con un ego mas grande que el lago de Chapultepec”… El correo electrónico llegó bajo el título “Angélica Torres Guízar otro fraude era año 2000”… Y hay otros correos más…
FUGAS POR TODOS LADOS EN CLORADOS III.— Se complica la venta de la planta Clorados III, en el complejo petroquímico Pajaritos. Por la mala calidad de los materiales y el pésimo control de la ejecución de las obras de construcción, la estructura presenta fugas al por mayor. De los boquetes brota dicloroetano, un producto altamente corrosivo, que de llegar al arroyo Teapa y de ahí al río Coatzacoalcos, provocaría un desastre ecológico… La empresa privada Mexichem, que de tiempo atrás ha expresado su deseo de “adquirir” Clorados III, afila las garras para adjudicarse la planta siempre y cuando PEMEX Petroquímica se la venda a precio de chatarra… Ya investigan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de la Función Pública, si las fugas obedecen a hechos premeditados para abaratar la licitación. Algo tendrá que explicar el subgerente de Pajaritos, Enrique Verazas Mijangos…
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